Acción contra el hambre pide a Naciones Unidas que marque el hambre como línea roja en los conflictos

El pasado mes de mayo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba la Resolución 2417, por la que se reconocían formalmente los vínculos entre guerra y hambre. “Recibimos este paso como algo muy positivo pues llevamos tiempo trabajando para que se reconozca ese vínculo en sus tres dimensiones: su uso como arma de guerra y la evidencia de que es una de sus peores consecuencias, pero también el hecho de que la inseguridad alimentaria y nutricional están en el origen de la mayoría de los conflictos (el 77%, según el Programa Mundial de Alimentos[1])”, señala Manuel Sánchez-Montero, director de incidencia y relaciones internacionales de Acción contra el Hambre.

 

La ONU ha hecho público este mismo mes el dato estimado de personas que padecen hambre. Por tercer año consecutivo la cifra aumenta y alcanza ya los 821 millones de personas, uno de cada nueve habitantes del planeta. La violencia juega un papel determinante en este aumento en un mundo en el que crecen y se intensifican los conflictos. En 2017 fueron el principal impulsor de la inseguridad alimentaria en 18 países. Solo en Sudán del Sur, Somalia, Yemen y Nigeria veinte millones de personas se vieron al borde de la hambruna. No hay precedentes en la historia reciente de una crisis de esta dimensión.

 

“El camino abierto por la resolución debe incluir un sistema de alerta temprana sobre el uso del hambre como arma y una reacción para impedirlo. El hambre debe ser una línea roja para la comunidad internacional en el manejo de las hostilidades. Ese es el mensaje que Acción contra el Hambre lanza en este foro político que puede tomar las decisiones que lleven a romper el círculo”, continúa.

 

Aplicación efectiva, monitorización y rendición de cuentas

En el marco del inicio del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, durante la celebración mañana de la Reunión de alto nivel “Acción para el mantenimiento de la paz”, Acción contra el Hambre subrayará en primer lugar la necesidad de identificar y responder a las prácticas que usan el hambre como arma de guerra, incorporando además mecanismos de alerta temprana que minimicen su impacto.

Prácticas como el asedio, el desplazamiento forzado de comunidades, la destrucción sistematizada de medios de vida e infraestructuras básicas dificultan el acceso de la población civil a la alimentación contraviniendo el derecho internacional humanitario que obliga a todas las partes en cualquier conflicto.

El Consejo de Seguridad de NU, junto con las organizaciones regionales, debería jugar un papel importante en el monitoreo, presentación de informes y rendición de cuentas para las violaciones de la Resolución 2417 (2018).

Enfoque sensible al conflicto: priorizar la seguridad alimentaria y los medios de vida

Asimismo, Acción contra el Hambre llama a la comunidad internacional a priorizar el acceso a una alimentación adecuada y los medios de vida necesarios para ello en sus inversiones como estados y estados donantes. En diferentes contextos de conflicto estamos viendo que una falta sostenida de apoyo a los pequeños agricultores ha contribuido al deterioro de la economía y condiciones de vida rurales que están entre los factores determinantes de algunas de las crisis”, argumenta Sánchez-Montero.

Un enfoque que integre la sensibilidad al conflicto puede minimizar la fuerza del hambre como factor detonante o agravante del mismo y contribuir a aliviar sus consecuencias permitiendo una rápida recuperación de la autonomía de las poblaciones afectadas.

En esta misma línea, la organización pide que la respuesta militar en conflicto y en la lucha contra el terrorismo internacional no interfiera la seguridad alimentaria de las poblaciones. Medidas como la restricción de movimientos o los bloqueos dificultan seriamente la producción de alimentos y el acceso a los mercados de personas altamente vulnerables en contextos de violencia.

“Dificultan además la prestación de la necesaria ayuda humanitaria, por lo que pedimos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a los Estados miembros que faciliten su despliegue a través de presiones diplomáticas y que se considere el uso de sanciones a los estados que de forma consciente impidan su prestación”, añade Sánchez-Montero.



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